- Esta sentencia rectifica la negativa dada a la Asociación Nacional del Taxi tras denunciar ante la Generalitat las irregularidades en las concesiones a empresas de VTC
- 573 autorizaciones de VTC podrían ser revocadas si la Generalitat considera que no cumplen con los requisitos legales exigidos
Madrid, 12 de marzo de 2025.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado en primera instancia el recurso interpuesto por la Asociación Nacional del Taxi para obligar a la Generalitat de Catalunya a revisar 573 autorizaciones concedidas a VTC, las cuales pueden ser revocadas. La Generalitat deberá estudiar si las conductas de las empresas de VTC en cuanto a la solicitud de autorizaciones “cumplen con los presupuestos legales exigidos o concurrir, en su caso, una suspensión de las licencias y/o caducidad, debiendo además ser objeto de valoración por parte de la Administración la documental aportada en el seno del correspondiente procedimiento administrativo y judicial”.
Como ya reconoció el Tribunal Supremo, esta sentencia confirma la legitimación de ANTAXI para perseguir y, cuando proceda, denunciar las prácticas irregulares en la solicitud de autorizaciones. De esta forma, se rectifica la negativa dada a ANTAXI cuando, tras denunciar ante la Generalitat de Catalunya las irregularidades en las solicitudes de autorizaciones de VTC, se denegó la legitimidad del sector para plantear este tipo de cuestiones. A su vez, la sentencia exige a las administraciones públicas extremar la vigilancia respecto a las solicitudes para VTC.
La sentencia apoya las cuestiones que ANTAXI ha denunciado en cuanto a la concesión irregular de autorizaciones a VTC. En el año 2019, coincidiendo con la imposición de un plazo de contratación en Barcelona, 573 autorizaciones VTC se dieron de baja en Cataluña, mientras que los vehículos fueron adscritos a licencias en otras comunidades autónomas para su posterior mercantilización.
Desde la Asociación Nacional del Taxi, aseguran que están “fiscalizando todas las peticiones para que el proceso de otorgamiento sea riguroso”. Con las prácticas que denuncian desde el sector del Taxi, las empresas de VTC se aprovecharon de una situación de descontrol de la Administración para obtener beneficios. “Estas plataformas no vienen a ayudar a la movilidad, sino que buscan lucrarse con la obtención de miles de VTC que luego comercializarán”, explican desde ANTAXI.
La especulación con las autorizaciones por parte de las VTC, siendo vendidas a terceros con el único fin de obtener beneficios, se ha denunciado desde ANTAXI durante años. Y aunque esta sentencia se puede recurrir, la fiscalización de las irregularidades en los procesos llevadas a cabo por empresas de VTC puede tener como consecuencia la revocación de más de 500 autorizaciones concedidas en Cataluña, una cantidad que alcanza el millar si sumamos las irregularidades detectadas en todo el territorio. Al margen de esta sentencia, en la actualidad hay miles de solicitudes de autorizaciones de VTC pendientes de resolución. Estas concesiones se están litigando, sin ninguna garantía de que vayan a prosperar y poniendo en evidencia el riesgo de invertir en este tipo de empresas
