{"id":777,"date":"2023-04-12T11:22:02","date_gmt":"2023-04-12T09:22:02","guid":{"rendered":"https:\/\/antaxi.es\/?p=777"},"modified":"2023-04-12T11:22:07","modified_gmt":"2023-04-12T09:22:07","slug":"articulo-de-opinion-publicado-en-el-economista-la-sostenibilidad-del-taxi-ante-la-irrupcion-de-las-vtc-comenzando-por-el-principio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/antaxi.es\/?p=777","title":{"rendered":"Articulo de Opini\u00f3n Publicado en el Economista \u00abLa sostenibilidad del taxi ante la irrupci\u00f3n de las VTC: comenzando por el principio.\u00bb"},"content":{"rendered":"\n

https:\/\/revistas.eleconomista.es\/transporte\/2023\/abril\/la-sostenibilidad-del-taxi-ante-la-irrupcion-de-las-vtc-comenzando-por-el-principio-BC13554423<\/a><\/p>\n\n\n\n

Julio Sanz<\/a> \/ 11 abr 2023 \/ 13:50 H.<\/p>\n\n\n\n

Diez a\u00f1os despu\u00e9s de la irrupci\u00f3n de las plataformas en el transporte urbano bajo el sofisma de la econom\u00eda colaborativa, la actual proliferaci\u00f3n de VTC como alternativa al taxi ha mantenido -incluso incrementado- el nivel de incidencia y afectaci\u00f3n a la circulaci\u00f3n, as\u00ed como el grado de confusi\u00f3n e incertidumbre sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica y la evoluci\u00f3n de este servicio.<\/p>\n\n\n\n

Siendo momento de mirar adelante, entendemos que una manera de contribuir constructivamente a una soluci\u00f3n de la din\u00e1mica VTC-taxi que priorice el inter\u00e9s general global es ser precisos en ubicar el problema de base y, as\u00ed, identificar las soluciones prioritarias.<\/p>\n\n\n\n

El problema de base, en nuestra opini\u00f3n, deriva de asumir que la coexistencia incontrolada taxis-VTC en las ciudades es netamente positiva para el inter\u00e9s p\u00fablico y ciudadano. Ello se est\u00e1 demostrando un error por, al menos, dos razones.<\/p>\n\n\n\n

La primera es que esta coexistencia no es inocua, ni neutral. Al contrario, hace dif\u00edcilmente sostenible el modelo del taxi como servicio de inter\u00e9s p\u00fablico. Un modelo que implica una serie de exigencias y garant\u00edas: una tarifa regulada y predecible, la obligatoriedad de atender a todo pasajero, de contar con un porcentaje m\u00ednimo de veh\u00edculos adaptados para personas con discapacidad, la sustituci\u00f3n por veh\u00edculos ecol\u00f3gicos, etc.<\/p>\n\n\n\n

Esta visi\u00f3n puede gustar, o no. Pero es una visi\u00f3n que resulta leg\u00edtimo promover desde el poder p\u00fablico. Como tal, est\u00e1 amparada por el Tribunal Supremo y por la Comisi\u00f3n Europea en su Comunicaci\u00f3n sobre taxis y VTCs de 2022, que apela a que los modelos pueden ser \u201cdiferentes y reflejar distintas opciones pol\u00edticas, conforme a las tradiciones y circunstancias locales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Pues bien: la coherencia y globalidad de un sistema pensado para garantizar un servicio transparente y homog\u00e9neo al ciudadano dif\u00edcilmente puede soportar la avalancha de veh\u00edculos VTC que viven algunas de nuestras ciudades, cuya premisa de negocio es justamente la volatilidad de condiciones de precio y servicio para optimizar beneficios.<\/p>\n\n\n\n

La segunda raz\u00f3n: tampoco se est\u00e1 demostrando ese mayor bienestar que supuestamente proporcionan las VTC. Para empezar, desde el supuesto beneficio a corto plazo del consumidor, preconizado por la econom\u00eda de plataformas. Al igual que en otros pa\u00edses, en Espa\u00f1a ya hay estudios que acreditan precios ostensiblemente m\u00e1s altos de las VTC respecto al taxi (por ejemplo, uno reciente de Facua, los estima hasta en un 57% superiores).<\/p>\n\n\n\n

Aunque esto no solo lo avalan los estudios: el reciente, y pintoresco, comunicado de una de las principales plataformas manifestando que se \u201ccompromete ante la Comunidad de Madrid\u201d a limitar los aumentos de precio ante situaciones de alta demanda resulta altamente revelador.<\/p>\n\n\n\n

En todo caso y m\u00e1s all\u00e1 del extra\u00f1amente escaso recorrido que por el momento encuentran estas cuestiones en las autoridades de la competencia, sorprende que las autoridades verdaderamente competentes compren ese relato de bienestar econ\u00f3mico cortoplacista y limiten el contorno del inter\u00e9s p\u00fablico a una dimensi\u00f3n meramente instrumental del mismo, cuando la afectaci\u00f3n es mucho m\u00e1s amplia.<\/p>\n\n\n\n

No faltan evidencias del impacto sobre el funcionamiento de la movilidad urbana en aspectos como la congesti\u00f3n, la calidad del aire o el uso del espacio p\u00fablico. Ya en 2020, la Union of Concerned Scientists <\/em>identific\u00f3 que los viajes de las plataformas VTC son, de media, un 69% m\u00e1s contaminantes que los viajes que sustituyen. Estamos por tanto lejos del id\u00edlico paisaje de sustituci\u00f3n del veh\u00edculo privado que con frecuencia trasladan las plataformas. Ello mientras, por ejemplo, una sentencia del TJUE de diciembre de 2022 condena a Madrid y Barcelona por incumplir reiteradamente desde 2010 el l\u00edmite a los valores NO2 en aire. Coherentemente con lo anterior, si la base del problema es la irrestricta coexistencia taxis-VTC, la ra\u00edz de la soluci\u00f3n es el control del acceso a la actividad.<\/p>\n\n\n\n

La protecci\u00f3n del medioambiente y el entorno urbano es una raz\u00f3n de inter\u00e9s general expresamente reconocida como leg\u00edtima por el Abogado General de la UE en su dictamen de diciembre de 2022, en el marco de uno de los dos procedimientos que est\u00e1n por venir en Luxemburgo sobre la llamada ratio 1\/30. Tampoco est\u00e1 proscrita por la Comisi\u00f3n Europea en su mencionada Comunicaci\u00f3n. Con amparo en ello, es posible y procedente preservar la facultad de las autoridades competentes de decidir cu\u00e1l es el nivel de oferta que consideran conveniente en su territorio, tanto en taxi como en VTC; incluida la limitaci\u00f3n de dicha oferta, con arreglo al mecanismo que, proporcionadamente, entiendan oportuno.<\/p>\n\n\n\n

Es indudablemente conveniente que esta cuesti\u00f3n est\u00e9 contemplada, como hoy lo est\u00e1, a nivel estatal. Pero, en todo caso, la intervenci\u00f3n de las autoridades locales, como principales interpeladas, deber\u00eda ser respetada. No est\u00e1 de m\u00e1s recordarlo a la vista de la recent\u00edsima modificaci\u00f3n de la Ley de Transporte de la Comunidad de Madrid, que, seg\u00fan parece, salvaguarda dicha competencia municipal para todos los medios de transporte, salvo, curiosamente, \u201cpara el caso espec\u00edfico de los servicios de arrendamiento de veh\u00edculos con conductor\u201d. Sustracci\u00f3n de intrigante motivaci\u00f3n y a\u00fan m\u00e1s dudoso recorrido constitucional; justamente lo contrario de lo que necesita la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n

En definitiva: ni estamos ante un problema de acomodaci\u00f3n de intereses contrapuestos, unos antiguos y otros modernos, ni tampoco se trata de garantizar la supervivencia de ning\u00fan sector, sino la sostenibilidad de una visi\u00f3n leg\u00edtima del servicio y la de nuestras propias ciudades. Perm\u00edtanse adoptar a los poderes p\u00fablicos las medidas necesarias para garantizar dicha sostenibilidad. Comencemos por la primera.<\/p>\n\n\n\n