En concreto, el plazo de cuatro años que establece la norma como medida indemnizatoria a las comunidades autónomas y ayuntamientos, pues se trata “de un punto que no está justificado, ya que las expectativas de un derecho no son indemnizables”, ha explicado Julio Sanz, Pte. de ANTAXI.
Igualmente solicitamos a las administraciones locales y autonómicas “la máxima implicación posible para implantar las medidas necesarias que materialicen el equilibrio entre los dos sectores que desarrollan su actividad en el mismo ámbito con diferente legislación”.
Además, solicitaremos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ), el levantamiento de las medidas cautelares al reglamento de las VTC en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y recurrirá la concesión de las autorizaciones VTC que están actualmente en trámite.
En cualquier caso, ANTAXI valora positivamente la norma aprobada por el Ministerio de Fomento que, según ha expresado Julio Sanz, “resuelve, aún con matices, la asimetría normativa existente entre el sector del taxi y las VTC”.
